Por Dalia Benavente y Francois Guzmán
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de Estocolmo (1972), estableció que el medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales, capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas. Por ende, el medio ambiente es aquel espacio donde el ser humano y otros seres vivos deberían convivir de manera armoniosa; así como, establecer una simbiosis adecuada y recíproca.
La realidad demuestra que la convivencia idónea entre el hombre y otros seres vivos parece ser una utopía; a tal extremo que el primero ha llegado a dañar y vulnerar, considerablemente, la normal composición de flora y fauna existente en el planeta. En el Perú, la falta de control respecto a estándares y políticas ambientales; así como, la baja de guardia de estos, han dado lugar a actividades ilícitas que atentan contra el medio ambiente, especialmente las referidas a la minería tanto ilegal como informal. Dichas actividades, generan, además, otros efectos negativos como la explotación infantil, inseguridad ciudadana y afectación a la salud de la población, en particular por la absorción de mercurio y otros metales pesados. Bajo esta premisa, es menester distinguir cuales son las diferencias entre ambas; pues, erróneamente, dichos términos son utilizados como sinónimos.
Carmen Heck, directora del Programa de Ciudadanía y Asuntos Socio Ambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) (2014), señala que la diferencia principal radica en que la minería ilegal es aquella en la que no se ha iniciado ningún proceso de formalización y se realiza en zonas donde está prohibida la extracción como áreas naturales protegidas, ríos y lagunas. En cambio, la minería informal se desarrolla en zonas permitidas para la minería, pero quienes la ejercen no han iniciado un proceso de formalización o han incumplido con las distintas etapas obligatorias.
Tanto la minería ilegal e informal son actividades que se ejercen con equipos y maquinaria que no corresponden al tamaño de la actividad y no cumplen las exigencias administrativas, es decir que no cuentan con una concesión. Sin embargo, solo la minería ilegal está tipificada como un delito en el Código Penal Peruano, donde los artículos 307-A y 307-B contienen el tipo penal del delito de minería ilegal, tanto en su forma simple como agravada, respectivamente. Siendo que aquel que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otros actos similares, de recursos minerales sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, podría ser reprimido con pena privativa de libertad que oscila entre los 4 y 8 años. Del mismo modo, desarrollar minería ilegal en zonas no permitidas para el desarrollo de actividad minera, en áreas naturales protegidas, o incluso si se afecta sistemas de irrigación o aguas destinados al consumo humano podría acarrear una pena entre 8 y 10 años.
A pesar de las considerables penas que sancionan la comisión del delito de minería ilegal, esta actividad se sigue desarrollando de manera indiscriminada y desmedida. En ese contexto, y teniendo en cuenta que la minería ilegal no solo afecta al medio ambiente y a la salud de la población, sino también a la sociedad en general; se presenta el siguiente artículo que abordará el impacto que tiene la minería ilegal, especialmente en la Amazonía Peruana y zonas aledañas.
Minería ilegal en áreas naturales protegidas
Conforme a la ley peruana No 26834, las áreas naturales protegidas son aquellos espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. Estas son sumamente importantes y conforman grandes pilares debido a su riqueza y diversidad tanto natural como cultural. Pese a ello, lamentablemente, cada año estas áreas se ven amenazadas por la actividad ilícita de la minería ilegal que está presente prácticamente en todas las regiones del país, principalmente en las de Cusco, Madre de Dios y Puno.
Una de las Áreas Naturales protegidas que más ha sufrido la repercusión de las actividades realizadas por mineros ilegales es la Reserva Nacional de Tambopata (Madre de Dios), cuya zona de amortiguamiento o zona adyacente que garantiza su conservación, cada año se ve amenazada por la extracción de oro con maquinaria pesada y mercurio. Razón por la cual la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), junto a agentes de la Policía Nacional y la Marina de Guerra; han intensificado su labor en dichas zonas realizando operativos que incluyen la incautación y destrucción de maquinaria destinada al desarrollo de minería ilegal. Tal como ha indicado la fiscal provincial especializada en medio ambiente de Madre de Dios, Karina Garay (2020), se ha implementado una mayor cantidad de embarcaciones que permiten a las autoridades adentrarse en ríos y poder realizar operaciones semanales.
Asimismo, un estudio realizado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) (2016), confirma que la Reserva Nacional de Tambopata es el área natural protegida más dañada por la actividad minera. También, se considera que es el lugar donde se han concentrado los mayores esfuerzos de protección, en algunos casos sin resultados positivos. Otras áreas naturales protegidas que se han visto afectadas son El Parque Nacional Ichigkat Muja - Cordillera del Cóndor (Amazonas), El Parque Nacional Huascarán (Áncash) y La Reserva San Fernando (Ica).
Situación actual de la minería ilegal en Madre de Dios
Madre de Dios, reconocida oficialmente como la ¨Capital de la Biodiversidad del Perú¨, está ubicada en la Amazonia peruana. Más del 70% de la economía de este departamento se basa en la minería, siendo el oro el mineral más extraído en la zona. Sin embargo, esta actividad extractiva es mayormente realizada fuera de la legalidad, propiciando problemas sociales, sanitarios y ambientales para este departamento y las personas que viven en él. Tal es el impacto negativo que según cifras del Centro de Innovación Científica Amazonia – CINCIA, son más de 80 mil hectáreas de bosque amazónico que se han perdido a lo largo de los años en Madre de Dios por actividades metalúrgicas.
Desde la década pasada, el precio internacional del oro sufrió un alza abrupta, ocasionando una nueva fiebre de oro en Madre de Dios, lo que a su vez conllevo a un incremento en la minería, en su gran mayoría informal y en zonas protegidas. Una de las zonas más afectadas por esta actividad ilegal es La Pampa, zona de amortiguamiento perteneciente a la Reserva Nacional de Tambopata, y es que, solo en esta área natural protegida se registraron 11 mil hectáreas deforestadas.
A raíz de la situación crítica en esta reserva natural, es que se está gestando un Plan Integral de Lucha Contra la Minería Ilegal en Madre de Dios, con la participación de diversos agentes, teniendo cuatro pilares:
Intervención en zonas empleadas por la minería ilegal y destrucción de dagas, balsas, motores y otros equipos que se utilizan para esta ilícita actividad: a cargo del Ministerio del Interior.
Formalización en el corredor minero del departamento, con cuatro principales requisitos que cualquier minero con deseos de formalizar deberá de cumplir: NO participar en la trata de personas, NO emplear a trabajadores infantiles, NO utilizar mercurio en la obtención de oro y la NO explotación minera en áreas naturales protegidas. Toda esta estrategia se realiza sinérgicamente por el Ministerio de Energía y Minas, Organismos Supervisor de la Inversión en Energía y Minería y el Gobierno Regional de Madre de Dios.
Apoyo social a las víctimas de tráfico de personas y los niños y adolescentes quienes, ilegalmente, trabajaron en esta actividad, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Desarrollo sostenible y generación de alternativas de empleo para los pobladores, con referencia a actividades realizables en esta zona protegida como son actividades de turismo y de productos no maderables. Pilar liderado por el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Riego y Ministerio de la Producción.
Si bien este plan viene obteniendo resultados positivos, estos se deben solo a las intervenciones a la maquinaria utilizada en la minería ilegal. Sin embargo, se debe priorizar esfuerzos en desalentar la minería ilegal por todos los efectos nocivos que esta tiene y alentar actividades alternativas que permitan el desarrollo de este departamento, donde se conserva gran parte de la diversidad biológica nacional e internacional. Asimismo, este trabajo articulado debe incluir en su planificación a los pobladores de zonas cercanas, reforestadores, líderes ambientales y comunidades indígenas con relación directa al desarrollo de la minería ilegal en la zona.
Amenazas que enfrentan los líderes ambientales
Como se explicó líneas arribas, hay muchos agentes en esta problemática, siendo los defensores y líderes ambientales los que a su vez se encuentran amenazados por mafias donde se enlazan la minería ilegal con actividades de trata de personas, narcotráfico entre otros tipos de crimen organizado, poniendo en riesgo su vida y de sus familiares. Solo el año pasado, fueron asesinados 98 líderes ambientales de la Amazonia en Latinoamérica. Muchos de ellos solicitan a las autoridades garantías para su vida; sin embargo, muchas veces estos reclamos no son atendidos y son víctimas de organizaciones criminales donde se intersecan actividades ilícitas de minería ilegal, narcotráfico, trata de personas, tala ilegal, entre otras. Según cifras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, en los últimos 7 años, han sido reportados los asesinatos de 12 líderes ambientales en Perú, ocurriendo 4 de estos en plena pandemia. Estos líderes ambientales fueron: Arbildo Meléndez, de Huánuco; Gonzalo Pío, Junín; Lorenzo Wampagkit, Amazonas y Roberto Carlos Pacheco, Madre de Dios; éste último fue hijo de Demetrio Pacheco, vicepresidente del Comité de Gestión de Tambopata.
La situación de estos defensores ambientales se agrava aún más en nuestro país, luego que congresistas de diversos partidos votaron en contra de ratificar el Acuerdo de Escazú. Este tratado buscaba legitimar la defensa de los derechos ambientales y a su vez reconocer, proteger, investigar y sancionar ataques y todo acto de violencia que atenten contra el bienestar de los lideres ambientales y sus territorios.
BIBLIOGRAFÍA
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